Hace una semana anunciamos que ampliaríamos la denuncia a la C. Valenciana ante la Comisión Europea. La causa es una ley partidista y arbitraria que se aprobó el pasado mes de diciembre in extremis y casi a hurtadillas.

Todo empezó en 2016, cuando la Generalitat aprobó una ley en la que se obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal. No justificaron ni motivaron la norma. Querían limitar el negocio de las gasolineras automáticas.  Ante esta situación, tuvimos que acudir a las autoridades europeas, que mostraron su preocupación.

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