Las gasolineras automáticas, que garantizan el abastecimiento de carburante durante la pandemia por el coronavirus durante las 24 horas del día y los siete días de la semana en todos los puntos de la geografía española, se reivindican como opción de repostaje «doblemente seguro» en la actual situación.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) estima que las ventas del sector han caído un 90% por la crisis del coronavirus y ha pedido al Gobierno acceder a las ayudas económicas que prevé ofrecer a las pymes para continuar prestando «un servicio indispensable y mantener el empleo».
Las estaciones de servicio automáticas quieren defender un nuevo modelo de negocio para el suministro de carburante en carretera. Se basa en que el suministro de carburantes al vehículo lo realiza el usuario directamente, incluyendo tanto el repostaje físico como el pago y, por tanto, no cuentan con personal para realizar estas funciones.
Diversos estudios coinciden en que la apertura de estas estaciones de servicio aumenta la competencia y reduce el precio de los combustibles.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha decidido rebajar «de manera inmediata» los precios de los carburantes en sus gasolineras para ayudar a hacer frente a la crisis por el coronavirus, así como reforzar la higiene en sus estaciones.
Hace una semana anunciamos que ampliaríamos la denuncia a la C. Valenciana ante la Comisión Europea. La causa es una ley partidista y arbitraria que se aprobó el pasado mes de diciembre in extremis y casi a hurtadillas.
Todo empezó en 2016, cuando la Generalitat aprobó una ley en la que se obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal. No justificaron ni motivaron la norma. Querían limitar el negocio de las gasolineras automáticas. Ante esta situación, tuvimos que acudir a las autoridades europeas, que mostraron su preocupación.
El Consell derogó su exigencia a las gasolineras desatendidas, conocidas como ‘low cost’ por sus bajos precios, de tener personal en horario diurno –como pedían asociaciones de personas con discapacidad, consumidores y sindicatos–. Lo hizo en febrero de 2018, por «imperativo legal», para evitar una multa diaria de 600.000 euros por parte de la Unión Europea, según indicaron la portavoz, Mónica Oltra, y el conseller Rafael Climent sobre una decisión aprobada, sin gustarles, por tratarse de «una disposición obligatoria» de la UE y que costaría «muchísimo dinero» incumplir.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha denunciado al Consell ante la Comisión Europea (CE) por limitar el modelo de negocio de las gasolineras automáticas, “al obligar de manera indirecta” a que estas tengan personal en las gasolineras. “Están actuando contra la libre competencia y contra el interés general de los consumidores”, denuncia Manuel Jiménez Perona, presidente de la asociación.
Economía aprobó en diciembre una reforma que obliga a las gasolineras a estar atendidas – La conselleria ya dio marcha atrás en 2017 por la amenaza de multa de Bruselas.
El Ejecutivo regional ultima un decreto que cambia el registro de las nuevas instalaciones por una comunicación previa La patronal de estaciones de servicio lo tilda de “disparate”.
C/ Velázquez, 53 – 2º Izq.
28001 MADRID
Tlf. 91.131.06.17
Fax: 91.577.71.90