El GRUPO CIUDADANOS cuestiona la competencia de las Cortes de Castilla y León para promulgar La Ley 1/2016 sobre las estaciones de servicio desatendidas

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asumido hoy que la norma aprobada en Castilla y León para regular el funcionamiento de las denominadas gasolineras desatendidas puede incurrir en «vicios jurídicos», aunque ha defendido la obligación de la Junta de aplicarla.

Del Olmo ha contestado así a una pregunta formulada ante el Pleno de las Cortes por el procurador de Ciudadanos David Castaño, quien ha acusado a los grupos que respaldaron la norma -sólo C’s votó en contra de su aprobación- de ignorar «interesadamente» las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el principio de jerarquía normativa.

Castaño ha formulado esta pregunta a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado nulo un artículo del decreto aprobado en esta Comunidad para regular esta actividad, en el mismo sentido que se hizo en Castilla y León.

La consejera ha negado que la normativa de Castilla y León sobre estos establecimientos, que obliga a que dispongan al menos de una persona a su cargo durante el tiempo que permanezcan abiertas, vulnere la jerarquía normativa, si bien ha reconocido que puede contener «vicios jurídicos».

Sin embargo, tras distinguir entre el caso balear, que aprobó un decreto al respecto, y el de Castilla y León, cuyo origen fue una proposición de ley respaldada por todos los grupos excepto Ciudadanos, Del Olmo ha remarcado que hasta el momento no hay recursos de inconstitucionalidad al respecto.

Por esta razón, la consejera ha planteado la obligación de la Junta de cumplir con una ley aprobada en las Cortes de Castilla y León, sin perjuicio de que en algún momento la Justicia dictamine algo en sentido contrario. «No me estará pidiendo que incumplamos una norma», ha resumido.

El procurador de Ciudadanos ha pedido a Del Olmo que aproveche la redacción del proyecto de ley de medidas -ley de acompañamiento de los presupuestos- para pedir una especie de «ojo de halcón» y revisar esta normativa para adaptarla a la legislación estatal vigente.